Redacción
El feminicidio de Leila Monserrat, una adolescente de 15 años, ha generado indignación en Sonora y en redes sociales tras la difusión de un video que documentaría el crimen, presuntamente cometido por dos de sus amigas.
De acuerdo con información de la Fiscalía de Sonora, los hechos ocurrieron el 25 de septiembre de 2025 en el ejido El Desierto, en el municipio de General Plutarco Elías Calles (Sonoyta).
La menor había sido reportada como desaparecida ese mismo día, y su cuerpo fue localizado sin vida el 1 de octubre, tras varios días de búsqueda.
Las investigaciones establecen que Leila fue privada de la vida por asfixia mecánica, y por el caso fueron detenidas dos adolescentes, de 13 y 15 años, quienes eran cercanas a la víctima.
De acuerdo con versiones del caso, la joven habría sido engañada por sus presuntas agresoras, quienes le dijeron que le tenían una sorpresa para convencerla de salir de casa. Bajo ese pretexto, la llevaron a un predio donde la engañaron para someterla: le vendaron los ojos, la ataron y posteriormente la asfixiaron.
Tras el crimen, su cuerpo habría sido enterrado en el mismo lugar con la intención de ocultar lo ocurrido.
El caso tomó un giro aún más perturbador cuando, días después de su desaparición y mientras la familia la buscaba, los familiares recibieron de manera anónima un video que mostraría el momento del asesinato.
Este material habría sido enviado por las propias agresoras, lo que incrementó la conmoción social.
Las dos menores se encuentran bajo resguardo de las autoridades y enfrentarán el proceso conforme al sistema de justicia para adolescentes.
Sin embargo, el caso se revivió luego de que a Briana Monserrat Manzanares les dictaran 11 meses de libertad asistida y a Britani Michel Bernal 2 años y 10 meses de internamiento en un Centro de Reinserción Social para menores.
El dictamen desató reclamos de justicia y exigencias para revisar las penas en casos de delitos graves cometidos por menores de edad.
El caso de Leila no solo ha impactado por la brutalidad de los hechos, sino por el grado de violencia entre adolescentes, lo que ha abierto un debate sobre la prevención, el entorno social y las fallas institucionales en la protección de niñas y jóvenes.
